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Las revelaciones sobre escándalos de corrupción y acusaciones contra varios opositores venezolanos marcó el panorama de esta nación durante la semana que culmina hoy.
Las pesquisas realizadas por la Asamblea Nacional arrojaron indicios sobre el uso ilícito de la empresa Monómeros, cuyos activos resultaron bloqueados en Colombia, según informó el pasado miércoles el diputado José Brito, titular de la comisión parlamentaria designada para investigar delitos e irregularidades de la anterior legislatura (2016-2021).
Brito indicó que la entidad dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes, bajo el control de una directiva ilegítima, tendría nexos con el narcotráfico colombiano.
Dicha empresa constituye uno de los principales activos expoliados a Venezuela bajo la supuesta autoridad del Gobierno interino, representado por el autoproclamado presidente, el entonces diputado Juan Guaidó, el 23 de enero de 2019.
En tanto, la agencia estadounidense Associated Press (AP) reveló la víspera que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, está implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano.
Ortega no aparece mencionada por su nombre en el caso, pero tras declararse culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado a un ‘fiscal de alto rango’ en Venezuela como ‘seguro’ contra cualquier investigación de sus contratos de construcción.
Esas declaraciones confirman la denuncia realizada por el presidente Nicolás Maduro en 2017, cuando señalaba a la exfiscal de liderar junto a su pareja Germán Ferrer una red de sobornos contra personas sobre las que cursaban denuncias por corrupción en el manejo de negocios relacionados con el sector petrolero.
Mientras, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Supremo de Venezuela la solicitud al gobierno de España para la extradición de Leopoldo López, por su presunta participación en la operación Gedeón.
El requerimiento fue expedido por el quinto Juzgado de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, instancia que remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal, cuyos magistrados determinarán si la solicitud cumple los requisitos para ser aprobada.
El prófugo de la justicia venezolana está acusado de ser uno de los coordinadores de la invasión armada del 3 de mayo del 2020, tras la cual se pretendía atentar contra varios dirigentes del país y secuestrar al jefe de Estado venezolano para su posterior asesinato.
Prensa Latina