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Este jueves ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el Fiscal General, Tarek William Saab, anunció la imputación del ciudadano Parra Saluzzo, por su vinculación en la red de extorsiones a personas con cobros en millones de dólares para encubrir casos de corrupción, denunciados pero nunca investigados por la antigua gestión del Ministerio Público (MP),
A un mes de ejercer sus funciones como Fiscal General de la República, la comparecencia que realiza es en respuesta a una propuesta recibida por parte de la Presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, ante la necesidad y el derecho que tiene el pueblo venezolano de saber el camino recorrido en las cuatro semanas de su gestión y la reestructuración que se inició en el despacho, recalcó Saab.
Desde el Palacio Federal Legislativo, informó en su primer balance como máximo representante del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, la designación de dos fiscales para investigar los casos encontrados en la Faja Petrolífera del Orinoco y la empresa Odebrecht.
Afirmó el titular que uno de los funcionarios tiene competencia en legitimación de capitales y otro en delitos de corrupción.
Asimismo, indicó que el MP está en reestructuración por todos los casos de corrupción hallados en las investigaciones sobre la gestión de la antigua titular, Luisa Ortega Díaz, actualmente prófuga.
Odebrecht y CADIVI
El ministro anunció la reapertura del caso de la empresa constructora Odebrech “porque los expedientes no contienen nada”.
Aseveró que la exfiscal Ortega Díaz contrató un bufete de abogados perteneciente al ciudadano Parra Saluzzo, que realizó extorsiones a personas con cobros en millones de dólares. Ese despacho está vinculado con los casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrech.
Mencionó que el dueño del despacho legal fue imputado por los delitos de extorsión, tráfico de influencia y asociación para delinquir.
Los apoderados de la empresa Odebrech realizaron entrega de una carta donde expresaron su intención de colaborar con la vinculación del bufete en la reapertura del caso de corrupción en Venezuela para aportar de forma clara y efectiva datos que esclarezcan las investigaciones.
Recordó la reapertura los casos de corrupción en los casos de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) que resultó en un 80 por ciento empresas privadas que hicieron mal uso de dólares estableciendo sobreprecios de exportación, delitos que nunca fueron imputados.
Reestructuración del MP
Hace más de un mes el equipo asignado para realizar las investigaciones correspondientes encontró desde funcionarios de rango menor -abogados agregados, directores y fiscales auxiliares y provisionales- hasta la más alta jerarquía de la antigua gestión, vinculados a delitos de corrupción “donde jugaban con la libertad de los ciudadanos”.
Dentro de los delitos encontrados se encuentra la extorsión, el tráfico de influencia, cobro de comisiones y múltiples casos de corrupción.
“Lo que debió haber sido un instrumento para la justicia y un equilibrio institucional… comenzó a ser -en la última década- un cartel, una mafia del más alto calibre, no para cometer fechorías menores (…) sino delincuencia organizada” resaltó el Fiscal.
8 fiscales han sido puestos ante la justicia, apresados por distorsión y abuso de poder, informó.
Destacó que junto al constituyente Elvis Amoroso ha hablado del tema de reestructuración del ente “para que gente honorable ocupe los altos cargos”
Agregó que estiman presentar reformas de transformación y colocó como ejemplo la Dirección de Investigación y Disciplina de la institución, que se encarga de recibir y tramitar denuncias contra funcionarios del MP con el fin de que esta unidad de asuntos internos “tenga el peso que se merece”.
Adecentar la institución
Acotó que la antigua gestión de Ortega Díaz no respetó el honor de los funcionarios honestos que fueron segregados y nunca promovidos, los cuales serán reinvindicados en la nueva etapa que vive la institución.
Realizó propuestas de reestructuración del ente con el fin de suprimir que no sean necesaria para así “rescatar el principio de fe procesal de los funcionarios de Ministerio”.
Recalcó que el Ministerio Público es una órgano que marca el equilibrio entre los cuerpos auxiliares y el poder judicial porque tiene que evaluar lo que los cuerpos auxiliares le entregan para estudiar si esos ciudadanos pueden ser imputados para luego en un juicio ser acusados o sobreseídos. “Este es el peso del MP”, aseveró.