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Foto: Captura VTV
El diputado en la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Víctor Clark destacó este jueves que el poder legislativo debe entender que tiene que encausarse en la legitimidad y contribuir a la República.
Durante transmisión de Programa Especial en el canal Venezolano de Televisión en donde se evaluaron y analizaron las atribuciones jurídicas de la Asamblea Nacional respecto al Presidente de la República, en donde también participaron los diputados Tania Díaz y Héctor Rodríguez; Clark señaló que el pueblo venezolano se encuentra ante un poder desesperado que al observar los constantes fracasos de las promesas que le realizaron a la población que los respalda y a sus financistas, deciden asumir una serie de acciones ilegales para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro.
En tal sentido, resaltó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece condiciones muy específicas y estrictas para cada una de las acciones que se pueden llevar a cabo ante un descontento sobre la gestión de un jefe de Estado.
“Es un conjunto de contradicciones inconstitucionales y políticas de cómo ellos encausar lo que en aquel momento lo que le dijimos que era una situación clara de golpe y de desconocimiento del estado de derecho y la constitución”, manifestó.
Del mismo modo, el parlamentario agregó que la postura adoptada por algunos dirigentes de la oposición que actualmente lideran la Asamblea Nacional, colocando una serie de condiciones, afecta hasta la labor que ellos intentan llevar a cabo desde el ámbito político con su participación en las mesas de diálogo, agregando que estas acciones hacen mucho daño a la coherencia que requiere el momento, para alcanzar paz que el pueblo venezolano desea y que en este caso el presidente Maduro se encuentra impulsando.
“No puede ser un condicionamiento irresponsable y una manipulación, (…) nosotros somos serios y reconocimos las diferencias”, acotó.
En tal sentido, destacó que el órgano legislativo es responsable de cumplir los fines esenciales del estado, por ende, deben cumplir con el deber y la facultad adquirida que corresponde para garantizar el pleno y sano funcionamiento de la República.
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