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«¿Cuán grande tiene que ser el cementerio de mi isla?». La pregunta cerraba la carta que, en 2013, enviara la alcaldesa de la isla mediterránea de Lampedusa, Giussi Nicolini, a la Unión Europea para pedir medidas concretas que permitieran detener las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo, después que una barcaza procedente del norte de África naufragara en sus aguas con un saldo de 366 muertos.

Dos años han pasado desde la tragedia y la situación no ha cambiado. La masa de agua salada que separa a Europa de África se ha convertido en la frontera más peligrosa del mundo para los refugiados. En lo que va de 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta 2.748 decesos en el Mediterráneo, de los 3840 que ocurren a escala mundial. En 2014, la cifra de muertos fue de 2.223.

Los datos son demoledores: siete de cada diez muertes ocurren en la huida hacia Europa, un continente que -lejos de la solidaridad- ha empezado a tomar medidas punitivas en contra de los inmigrantes que escapan, en su mayoría, de los conflictos bélicos provocados por Occidente en sus países.

El pasado lunes, los ministros de interior de la UE salieron de sus salas de reunión sin acuerdo alguno sobre el «reparto» de los inmigrantes que llegan diariamente a Europa. La Comisión Europea había propuesto la redistribución obligatoria de 40.000 refugiados, sirios y eritreos llegados a Italia y Grecia, entre 23 y 28 de los países de la UE durante los próximos dos años, informó Efe.

Pero las naciones de Europa central y del este, como Hungría y República Checa, se oponen a las cuotas obligatorias. El único punto de aparente convergencia es el establecimiento de «campos provisionales» de refugiados en Italia y Grecia, países en severa crisis económica a los que han arribado 96% de los inmigrantes.

La posición de los ministros de Alemania y Francia es que sólo se admitan a los migrantes que tengan «verdaderas perspectivas de quedarse» y que el resto permanezcan en Italia y Grecia. En tanto, piden que los refugiados por motivos económicos sean devueltos.

Italia, por su parte, plantea unilateralmente la posibilidad de impedir el desembarco en sus costas de migrantes rescatados por barcos extranjeros. Sin embargo, advierte que la falta de consenso del bloque sobre cómo abordar el asunto de los refugiados amenaza con resquebrajar políticamente a la Unión Europea.

Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse. Aún cuando se logre un acuerdo de cuotas para acoger a 40.000 refugiados, la cifra es significativamente menor a los 464.879 personas que han llegado a Europa este año.

Cambio de discurso

Hace unas semanas, la prensa internacional elogiaba la posición de Alemania ante la crisis de refugiados. Abundantes galerías fotográficas mostraban la llegada de inmigrantes a territorio alemán y la esperanza de miles en las promesas de asilo vociferadas por la canciller Ángela Merkel.

«Si Europa fracasa en el asunto de los refugiados, su cercana conexión con los derechos civiles universales quedará destruida», decía una Merkel pletórica que promovía a su país «económicamente sano y fuerte» como la tierra prometida que planteaba «hacer lo que sea necesario» por los miles de desplazados.

«La narrativa política en Alemania ha sido muy distinta de la que se ha escuchado en otros países de la Unión Europea», señalaba un análisis de la BBC. Pero la retórica duró hasta el domingo. La editorial del diario Der Spiegel lo confirma amargamente con el titular «se acabó el cuento de hadas».

Alemania restringió el acceso a inmigrantes por sus fronteras, con lo cual suspendió de facto el acuerdo de Schengen que permite la libre circulación en Europa. La medida de Berlin fue replicada casi de inmediato por Hungría, Austria, República Checa, Holanda y Eslovaquia.

La promesa de Merkel de recibir a unos 800.000 solicitantes de asilo fue contravenida por su súbita orden de reforzar las zonas limítrofes, un cambio de discurso que el ministro de interior de ese país intentó justificar bajo el argumento de que los refugiados «no pueden elegir los estados en los que buscan protección».

El llamado parece ser un reproche soterrado a Grecia, a cuyas costas han llegado más de 340.991 inmigrantes, del total de 464.879 registrados este año por la OIM. Sin embargo, la mayoría de los refugiados que toca suelo griego continúa su ruta hacia el norte de Europa, especialmente a Alemania.

El lunes, en Bruselas, el titular de Interior alemán, Thomas de Mazière, incluso planteó aplicar «medidas» en contra de los países que se nieguen a acoger a los refugiados como acciones de «presión». La propuesta fue secundada por el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

El portavoz de Merkel ha tratado de apaciguar las duras críticas a las medidas, con el argumento de que se trata de controles «provisionales».

Próxima cumbre

Ante la ausencia de un acuerdo, Berlin y Viena han pedido al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que convoque a una cumbre extraordinaria de la UE la semana próxima, informó Efe.

Merkel defendió nuevamente el cierre de sus fronteras al argüir que se trata de «mejorar» el registro de los solicitantes de asilo «por razones de seguridad», mientras su homólogo austríaco, Werner Faymann, insistió en aplicar «medidas de presión» en contra de los países que se niegan a aceptar la política de cuotas.

Faymann defendió la coerción económica porque, a su juicio, Alemania y Austria son «contribuyentes netos» que pueden «analizar» los recursos financieros que reciben sus socios.

En medio de la crisis de los refugiados, que se suma al desalentador panorama económico, las declaraciones que emitiera ayer el ministro de interior italiano, Angelino Alfano, advierten el temor inmediato de los gobiernos de la UE: «Están en juego el derecho a la libre circulación y la política común de asilo (…) Estamos trabajando para evitar la quiebra política de Europa».

AVN