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La Asamblea Nacional (AN) no posee la facultad constitucional para revisar, anular, revocar o dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de magistrados de Poder Judicial ratificó este martes el Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia sobre un recurso de interpretación.
La Sala Constitucional del máximo tribunal del país advierte que cualquier decisión al margen de las competencias del parlamento constituye «un fraude hacia el orden constitucional», debido a que implica desconocer el equilibrio de los Poderes Públicos y los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento de los magistrados.
En la sentencia sobre el recurso de interpretación el TSJ explicó que labor del parlamento sólo se ciñe a la preselección y elección final de magistrados, con la previa calificación y aprobación del Poder Moral.
De acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, la AN sólo podrá remover magistrados «mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca».
Por tanto, acciones como la revisión de estatus de los magistrados, designados el pasado 23 de diciembre, sin el aval del Poder Moral, como lo plantea la actual AN «incluida la creación de una comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería evidentemente inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental que, siguiendo las más elementales pautas morales, no subordina la composición del máximo tribunal de la República, al cambio en la correlación de las fuerzas a lo interno del Legislativo Nacional» señala el pronunciamiento del TSJ.
AVN