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«Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón, que triste vive mi gente en las casas de cartón”, cantaba Alí Primera a principios de los años 70. Y era ése el paradójico retrato de un país petrolero con un pueblo sumergido en la miseria, la exclusión, el engaño y la represión tras diez años de estabilidad y repunte en los precios del crudo en el mercado mundial.

Los gobiernos puntofijistas de Raúl Leoni (AD, 1964-1969) y Rafael Caldera (Copei, 1969-1974) lejos de aprovechar el favorable escenario del mercado petrolero para promover el desarrollo económico, se limitaron a aplicar medidas que beneficiaron a las élites nacionales e internacionales, a costa de aumentar la ya considerable deuda social en el país.

Leoni asumió en marzo de 1964 de manos de Rómulo Betancourt y prometió establecer un gobierno de entendimiento nacional, de amplitud democrática y de equilibrio político. En cambio, terminó por inaugurar «en democracia» la nefasta figura de los desaparecidos, práctica copiada por las dictaduras y que significó durante más de 20 años el asesinato sistemático de decenas de miles de militantes de izquierda en el continente.

Ofreció mejorar la calidad de vida de los venezolanos, crear 400 mil empleos y construir 158 mil viviendas. Incumplió sus promesas y fue fiel a la política cuarto-republicana (Gobiernos de 1958 a 1998) de sacrificar al pueblo ante escenarios económicos desfavorables.

Frente a una caída en el precio del barril de crudo de 2,73 a 2,63 dólares, el presidente adeco estableció en 1965 una tasa de cambio única de 4,50 bolívares por dólar. Propuso una reforma tributaria para aumentar los impuestos a los sectores más pudientes, con el propósito de «incrementar la capacidad del Estado para resolver los ingentes problemas de las mayorías desposeídas de la población», sin embargo cedió ante las cúpulas empresariales y sólo se aprobaron modificaciones en la Ley de Impuesto Sobre la Renta que afectaron más a los grupos de ingresos medios.

En 1965 la producción de petróleo en el país alcanzó un promedio de 3,6 millones de barriles diarios, destinados principalmente a Estados Unidos e Inglaterra. La prensa destacaba el aumento de las exportaciones de crudo hacia Gran Bretaña en 19%, y el crecimiento de la inversión de empresas petroleras estadounidenses en el país en 156 millones de bolívares en comparación con el año anterior.

En septiembre de 1966, el Gobierno informa que no puede cumplir sus planes debido a la falta de ingresos fiscales, y para cubrir el presupuesto de 8.186 millones de bolívares aumentó la participación del Estado en los beneficios declarados por las empresas petroleras hasta un 70%. También estableció un nuevo sistema de fijación de precios para el cálculo del impuesto, junto con un conjunto de reparos por evasión de pagos y manipulación en el monto de las exportaciones del crudo.

El ministro de Petróleo y Minas Manuel Pérez Guerrero afirmó que «los arreglos de litigios fiscales, el establecimiento de precios de referencia para contrarrestar la perniciosa erosión de los precios del crudo y sus derivados» asegurarían ingresos al fisco por el orden de 850 millones de bolívares entre 1966 y 1971. Y otra vez la promesa de invertir esos recursos en beneficio del pueblo.

«El gobierno anterior (Betancourt) y el actual (Leoni) sólo han desempeñado y desempeñan el papel de instrumento de los sectores dominantes: el imperialismo y la oligarquía. El hecho de que el sector fundamental de nuestra economía petrolero y minero sea explotado totalmente por el capital extranjero, la negativa tradición de una política imprevisiva e improvisada del gasto público, así como la mala distribución del ingreso y su concentración en pocas manos han conducido al país a una situación de crisis cuya naturaleza elimina la posibilidad de corregirla sin modificar a fondo la estructura misma que la ha engendrado», expresaba entonces el Frente Nacionalista de Izquierda, en un comunicado.

Con Leoni se mantuvo también la política de la persecución y encarcelamiento de militantes de izquierda. El acoso y la ocupación militar de la universidad eran noticia corriente, bajo pretexto de la campaña contra el comunismo y los enemigos de la democracia.

Arreció la censura: se prohibió, por ejemplo, durante un mes la circulación de la Revista Venezuela Gráfica, y no estaba permitido informar sobre acciones militares y policiales, así como de asaltos o asesinatos, ya que esto «contribuía» a promover la violencia y a desvirtuar los actos de seguridad pública y la suspensión de las garantías constitucionales, medida recurrente en esos años.

La población empobrecida debió sufrir además los embates del terremoto de julio 1967, que dejó saldo de 300 muertos, 2.000 heridos, 80 mil personas sin hogar y pérdidas materiales estimadas en 450 millones de bolívares.

Al margen o quizá como consecuencia de ese escenario, el país ya había adoptado la cultura de la novela rosa. Un joven Raúl Amundaray interpretaba a Albertico Limonta en el Derecho de nacer, un éxito que se transmitió durante más de dos años en la televisión venezolana, y al que siguieron las primeras telenovelas de Delia Fiallo como La señorita Elena (1967 y 1972) y Lucecita (1967 y 1975), que iniciaron una larga cadena de remake que sobreviven en el siglo XXI.

«Una rosa pintada de azul / es un motivo» y «¿Por que se fué? / ¿por qué murió?», se escuchaban por primera vez en las canciones Motivos, de Italo Pizolante, y El último beso, de Los 007.

El cambio para seguir igual

El año 69 fue de luto para el deporte, la literatura y la música. El béisbol perdió al novato del año de la temporada 64-65, Néstor Isaías «Látigo» Chávez (21 años), y al primer venezolano en jugar en Grandes Ligas, Alejandro «Patón» Carrasquel (57 años). Fallecieron también el creador de Doña Bárbara, Rómulo Gallegos (84 años), y el «Monumental» de la gaita, Ricardo Aguirre (30 años).

En la política, la gestión de Caldera, autodenominado presidente del cambio, no marcó diferencias en la administración de la renta petrolera, que continuó al servicio de las élites. Para la represión del Estado se cambió la Digepol por la Disip.

Instauró una política de reversión de concesiones petroleras, aprobó la Ley de nacionalización del gas; aumentó la participación fiscal del Estado de 3,93 a 34,63 bolívares por cada barril de petróleo; facultó al Ejecutivo a fijar unilateralmente los valores de exportación del petróleo; y revalorizó la moneda de una tasa de 4,50 a 4,30 bolívares por dólar.

El precio del crudo nacional, que se mantuvo desde 1960 en un promedio de 2 dólares por barril, aumentó a 14 dólares en 1973, a causa del conflicto árabe-israelí, lo que produjo ingresos superiores a los 30.000 millones de bolívares.

«El total de ingresos públicos recaudados durante el ejercicio de 1973 se estiman en cerca 16.500 millones de bolívares, que representan alrededor de 2.600 millones más de los previstos en Ley de Presupuesto para 1974, a lo que se suman ingresos adicionales por 15.000 millones de bolívares para tener un cálculo del presupuesto de 1974 en 27.000 millones de bolívares», dijo Caldera en un informe presentado al Congreso al final de su período presidencial.

La bonanza económica durante el período de Caldera no se tradujo en mejoras para las familias venezolanas. En cinco años se construyeron en el país 100 mil soluciones habitacionales, que contrastan con las más de 800 mil que se han edificado en el país entre 2011 y 2015, así como con las 450 mil que se encuentran actualmente en obras, a pesar de una baja de 60 % en los ingresos petroleros.

El costo de los alimentos, productos y servicios no podía ser cubierto con el ingreso promedio de los hogares. «Es cierto que los productos se expenden hoy a precios mucho más elevados que los que regían hace 10 o 15 años», «explicaba» el Presidente en su informe al Congreso.

“No te dejes engañar / cuando te hablen de progreso / porque tu te quedas flaco / y ellos aumentan de peso”, advertía Alí desde mediados de los 70, en su tema Perdóneme Tio Juan.

Como consecuencia de la crisis, hubo un gran número de manifestaciones de protestas, en su mayoría tildadas de ilegales por el Gobierno. «A finales de 1969 y principios de 1970, las protestas se dieron dentro de la modalidad de los paros y huelgas, la mayoría desarrollados por trabajadores pertenecientes al sector de los servicios básicos, pero también hubo significativas interrupciones laborales en sectores mineros, petroleros, y educativos. Los paros de estos trabajadores fueron declarados ilegales por el Ministerio del Trabajo, lo que revela no sólo el alto componente conflictivo que implicaban, sino también la represión de que serían objeto», refiere un artículo publicado por la revista Politeia.

Al igual que sus predecesores, el llamado presidente de la «pacificación» sostuvo el acoso contra la universidad. El allanamiento de 1969 contra la Universidad Central de Venezuela se saldó con 10 estudiantes muertos y decenas de heridos, torturados y desaparecidos, algo habitual en la IV República.

En el país se cuidaba la moral y la decencia pública. En 1973, un mes después del secuestro y homicidio del niño Carlos Vicente Vegas Pérez, que quedó impune por la influencia del poder económico, se prohibió la exhibición de la película El último tango en París.

Leonardo Buitrago AVN