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3.Ago.2016 / 10:05 am / Haga un comentario

Foto: Archivo

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Las cartas siguen echándose sobre la mesa. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó la noche del primero de agosto que en todo el país se cumplió con el requisito del 1% de las firmas validadas, requeridas para convocar las manifestaciones del 20% del electorado para activar el referendo revocatorio presidencial.

La oposición cumple con la primera etapa correspondiente a la activación del referéndum revocatorio, haciéndolo entre irregularidades de diversa índole, pero cumpliendo con un 1% de firmas validadas de inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP) que facultan a la organización con fines políticos Mesa de Unidad Democrática para solicitar el proceso. La MUD ya está virtualmente facultada para continuar.

Lo que sigue ahora

Ahora seguirá la solicitud formal de la MUD para activar el proceso y que se les habiliten las condiciones para recoger el 20% de firmas del REP para convocar el referéndum revocatorio. De conformidad con la Resolución N° 070906-2770, que es la que rige el proceso de referéndum revocatorio, una vez que la MUD presente la solicitud para que se recabe el 20%, deben cumplirse, básicamente, dos fases. Primeramente, el examen de forma de la solicitud, y en segundo lugar la definición de los centros en los cuales se recolectará ese 20%.

Sólo luego de ello es que el CNE podrá emitir fechas para la recolección del 20%. Acorde a la lectura de la norma y sacando cuentas, este proceso tardaría 38 días a partir de hoy, lo que quiere decir que la fecha para la recolección del 20% de las firmas podría publicarse para la segunda semana de septiembre.

Todo dirigente de la derecha que exija que se publique “ya mismo” la fecha de recolección del 20% está montando un show político y genera presiones para que el CNE viole su norma publicando fechas sin cumplir esos pasos preliminares. Pasos que, además, deben convenirse con la misma MUD, pues ellos forman parte en la definición de los centros electorales donde se recolectará el 20%.

¿Y qué pasará si se actúa contra las irregularidades detectadas en el primer proceso de recolección de firmas y su validación?

Jorge Rodríguez, encargado del tema electoral por el PSUV, señaló la existencia de un “gran fraude”, declara al revocatorio “legalmente muerto” y señala irregularidades durante la recolección de manifestaciones de voluntad para el 1%, por lo cual encabezó las acciones de denuncia de estas ante el Ministerio Público, el CNE y la Sala Electoral del TSJ.

La presidenta del CNE igualmente anunció que solicitó la investigación del Ministerio Público por supuestas irregularidades en la fase de validación. Tibisay Lucena explicó que el CNE solicitará que el Ministerio Público (MP) investigue los casos de usurpación de identidad que se presentaron durante el proceso de validación de firmas. Se trata de 1.326 personas cuyas huellas no corresponden con quienes dicen ser, lo cual representa el 0,33% de los registros. En este sentido, también señaló Lucena que 243 registros resultaron duplicados, es decir, “fueron a validar más de una vez”. Y que 6.643 de las manifestaciones de voluntad, el 1,63%, no resultaron válidas por “mala calidad” o errores de los operadores del CNE.

En este tramo las instancias pertinentes pueden perfectamente dar al traste con el revocatorio. Aunque en términos meramente políticos esto puede interpretarse como “meterle el palo a la rueda de la bicicleta”, lo cierto y legal es que las instituciones pueden actuar (están obligadas a actuar) de conformidad a las layes para detener definitivamente o suspender temporalmente un proceso que podría estar “viciado de nulidad”.

También la Sala Electoral del TSJ podría responder afirmativamente a un recurso de amparo solicitado por el PSUV de presentar esta organización pruebas consistentes de que se consumaron irregularidades en lo que va de proceso. Aunque el CNE tiene la facultad de filtrar firmas irregulares, recaudos irregulares, como lo ha hecho, velando por la transparencia del proceso, esto no inhibe a las otras instituciones actuar en consecuencia contra los ilícitos que hayan sido cometidos. Esto está por definirse.

¿Habrá revocatorio antes del 10 de enero de 2017?

Los mismos dirigentes opositores y algunos de sus analistas en el tema electoral lo colocan cuesta arriba, aunque todos afirman que sí es posible, a sólo horas del 10 de enero de 2017. Como sabemos, esa fecha es más que importante, si se efectúa el revocatorio antes del 10 de enero se deben convocar a elecciones presidenciales. Caso contrario, si el presidente es revocado luego de esa fecha asumiría el mandato hasta el fin del periodo quien ejerza como vicepresidente.

Ya lo había escrito Eugenio Martínez, experto opositor en el tema electoral el pasado mes de mayo. Acorde a como iban los trámites por esos días, Martínez señaló que el revocatorio era viable para la “última quincena del mes de diciembre”. Otro opositor destacado en estos temas, José Ignacio Hernández, publicó una nota el 2 de agosto, luego de los anuncios de Lucena de la validación efectiva del 1%. Afirmó que “el referendo podría darse, como mucho, el 4 de enero de 2017. Justo a tiempo para que, en caso de revocarse el mandato, se proceda a una nueva elección”.

Chúo Torrealba, Secretario General de la MUD, dijo a CNN en la noche del primero de agosto que “desde el punto de vista técnico es perfectamente posible realizarlo antes de la última semana de diciembre de 2016”. Aunque denunció una “operación morrocoy”, es la primera vez que Chúo Torrealba habla de tiempos previstos así en la norma que rige los referendos revocatorios.

Su contradicción sólo puede explicarse en la abierta manipulación que ha venido haciendo la derecha sobre los lapsos previstos en la norma para desarrollar el proceso refrendario. En ocasiones anteriores habían dicho que agosto, y luego que septiembre, eran los meses en que “era perfectamente legal” revocar a Maduro. Lo que evidencia un abierto manejo tendencioso de las expectativas de los seguidores de la oposición.

El mejor de los escenarios para la derecha es que el revocatorio se realizaría entre el jolgorio decembrino, los aguinaldos, las parrandas y la resaca del año nuevo. Niegan con ello que también es perfectamente legal que la parte a la cual se le quiere revocar, el presidente Maduro y el PSUV como organización que lo representa, pueden impugnar para que se suspenda o anule algún tramo sucesivo del proceso.

La MUD oculta también que incluso recaudando las firmas del 20%, cosa que en el mejor de los casos para ellos podría ser a finales de noviembre, el CNE tiene tres días para convocar a referéndum y la fecha fijada quedaría en un lapso no mayor a los 90 días, lo que quiere decir que en últimas instancias el revocatorio sería posible para febrero. Esos números no les dan.

Se dice que no hay tiempo antes del 10 de enero de 2017, dado que todo el proceso dura, haciendo cálculos según lo señalado en la norma, más o menos 244 días o el equivalente a nueve meses. Durante 2016 era perfectamente posible hacer el revocatorio, sólo iniciando el proceso desde el 10 de enero, como reza la Constitución. Pero, ¿por qué no lo hicieron? La respuesta está en un pacto por el poder que hicieron algunos en la MUD.

¿Cuál es la razón por la que la MUD tiene el tiempo encima?

La explicación es que iniciaron procesos a mediados de abril cuando debieron iniciarlos el 11 de enero. Podríamos inferir que la MUD interpretó que la mitad del período presidencial corría desde el 15 de abril (tres años luego de la elección de Maduro), pero no. Ellos no son tontos. No interpretaron nada erróneamente. No iniciaron trámites luego del 10 de enero, por no ponerse de acuerdo entre sí, dada una pugna enorme por poder entre ellos. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿de qué pugna estamos hablando?

La explicación la resumió Franco Vielma para Misión Verdad hace poco. La explicación está en la alianza que hizo Ramos Allup con Voluntad Popular (VP) para alcanzar la jefatura del Parlamento en detrimento de Julio Borges y de la línea de Henrique Capriles. Recordemos que Allup fue elegido para presidir la AN en una reunión interna de la MUD a puerta cerrada, donde el voto fue secreto. Ramos Allup fue votado por AD, UNT y varios diputados electos de VP.

Al ser electo como presidente de la AN, Ramos Allup acudió de inmediato al apoyo de la Ley de Amnistía como primer acto del Parlamento, para sacar de la cárcel a Leopoldo López quien cuenta con sentencia firme por sus crímenes.

La idea era liberar a López por la Ley de Amnistía, para con ella borrar su prontuario policial y levantar su inhabilitación para que luego pudiera aspirar a la presidencia, pero según nuestra Constitución no puede tan siquiera optar para ser electo quien esté inhabilitado, quien esté sujeto a interdicción civil (por condena penal) o esté sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme. Ese fue el acuerdo que hicieron.

La derecha, que no ha podido ni podrá cambiar al actual CNE por vía parlamentaria, sabía que este CNE no admitiría una eventual candidatura de López por no cumplir con los requisitos que lo harían elegible. De ahí que al beneficiarlo con la Ley de Amnistía le harían borrón y cuenta nueva.

Este acuerdo por cuotas de poder dio al traste con iniciar los trámites del revocatorio a inicios de año, lo dilataron, no querían (excepto Capriles) iniciar el revocatorio en los primeros meses del año con López preso y apostaron por la aplicación de su amnistía, para luego concentrarse en sacar a Maduro.

Por eso la amnistía fue el primer debate parlamentario. El resultado de esa alianza fue la pérdida de tiempo valioso con el que la MUD ahora está lidiando para hacer el revocatorio en 2016 y, por otro lado, la Ley de Amnistía fue vetada por el TSJ por ser lesiva a nuestra legislación por propiciar el autoperdón de crímenes contra la paz, la estabilidad nacional y la vida de las personas. El resultado es que ni Leopoldo López es libre ni hay tiempo en 2016 para efectuar el revocatorio.

Este es uno de esos irrefutables casos en que “El tiempo de Dios no es perfecto”. El tiempo es para la oposición venezolana una espada de Damocles. Henry Ramos Allup sacrificó la oportunidad de la oposición en 2016 para hacerse de un cargo de liderazgo y reeditarse como figura política sobresaliente. La ansiedad de poder es el principal enemigo de la MUD y razón primordial de sus divisiones.

Misión Verdad

 

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