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En los comicios parlamentarios que se celebrarán el 6 de diciembre participarán un total de 3.900 observadores nacionales y más de 130 acompañantes internacionales, invitados tanto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como por todos los partidos políticos, con la finalidad de presenciar el proceso mediante el cual 19 millones de venezolanos elegirán a los miembros de la Asamblea Nacional.
De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tanto la observación nacional como el acompañamiento internacional ejercerán sus funciones siempre que se ajusten a los principios de «supremacía constitucional, legalidad, soberanía, integridad e inviolabilidad territorial, autodeterminación de los pueblos, no injerencia, imparcialidad, transparencia y respeto a las normas y autoridades electorales».
La observación nacional será realizada por cinco organizaciones de carácter civil, domiciliadas en Venezuela y debidamente constituidas, estas son: Red de Observadores de la Asamblea de Educación, Proyecto Social, Red de Observadores Electorales de Venezuela, la fundación Por un pueblo digno y el Observatorio Electoral Venezolano
El CNE también tiene la facultad de designar a personalidades bajo esa figura, en caso de que «se hayan destacado por su conocimiento, trayectoria o reconocida labor en materia electoral».
La ley establece que ningún observador podrá realizar actividades proselitistas, impedir el proceso comicial o difundir información alguna sobre resultados antes de que el árbitro electoral dé el boletín oficial, así como emitir declaraciones «que puedan ser denigrantes, ofensivas, difamatorias o injuriosas» en contra de los actores que participan en el proceso comicial. De igual forma, carecen de autoridad o competencia para intervenir o actuar en funciones electorales.
Tanto los observadores nacionales como los acompañantes internacionales deben estar debidamente acreditados y portar su credencial en un lugar visible durante su participación en las labores de veeduría.
En el caso de los acompañantes internacionales, la credencial «será el único instrumento de identificación válido, que le permitirá ejercer las actividades de acompañamiento», indica la ley. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha insistido que cualquier falta a la norma será interpretado como un desacato a la autoridad.
«En ninguna parte del mundo llegan personas de otros países a meterse en un centro de votación sin tener la acreditación debida, y eso tampoco va a pasar en Venezuela», expresó Lucena el pasado domingo, tras advertir que «cualquier declaración o intento de irse por fuera de lo que esté dentro de la ley, además de confundir a la gente, creará ambientes de violencia».
Ninguna de las figuras acreditadas por el CNE para labores de veeduría podrá emitir declaraciones sobre los asuntos internos de Venezuela antes de que haya culminado el proceso electoral, ni «inducir, persuadir u orientar al electorado» a sufragar por alguna opción política.
En caso de que algún acompañante incumpla esas disposiciones de ley, el CNE está facultado para revocar la credencial.
AVN