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REFLEXIONES

Por: Antonia Muñoz

El jueves 7 de septiembre de 2017, el Presidente Maduro le entregó a la ANC un paquete de 8 proyectos de leyes  que el Ejecutivo nacional consideró necesario para enfrentar la situación de desquiciamiento de la economía del país, caracterizada principalmente por una INFLACIÓN volátil y siempre en ascenso. Muchos coinciden en que esta inflación es debida a múltiples factores, entre los cuales se pueden mencionar: la baja productividad y producción de bienes y servicios, la dependencia del país del exterior en términos de materia prima, productos terminados y tecnología; lo cual implica dependencia del dólar para importación, dólares que en su casi totalidad son aportados por PDVSA como producto de la venta del petróleo. Siendo que a partir de 2014 comienzan a caer sostenidamente los precios del barril de crudo, se entiende que este es un factor detonante de la crisis económica que estamos viviendo, cuyo control depende en buenas medidas de factores externos.

Obviamente lo anterior ha facilitado la distorsión del mercado cambiario por parte de los enemigos externos e internos de la Patria, al usar  como herramienta el DÓLAR TODAY, que se ha convertido en un marcador de la economía venezolana, ya que casi todos los actores económicos calculan sus costos con base a este dólar especulador y realengo al que nadie ha podido pararle el trote. Si a esto le agregamos el círculo de CORRUPCIÓN que se ha generado, cuando muchos reciben dólar DICOM( Y las otras versiones anteriores como el SIMADI) y calculan sus costos de producción a dólar today, sin que sea detectada la trampa por falta de seguimiento y control, y quien sabe si por complicidad. El colmo de los males está en que se venden a precios inflados, hasta ciertos alimentos y  medicamentos que son importados con dólar PREFERENCIAL. Sin ninguna duda, en este último caso, la corrupción también retoza a sus anchas.

Si a todo  el cuadro anterior le sumamos la ESPECULACIÓN a nivel  de todos los actores de la cadena de producción y distribución de los bienes, es claro que estamos frente a un monstruo de varias cabezas que debimos matar cuando era chiquito. Debemos reconocer que estamos actuando tarde, pero debemos hacerlo confiando en que la tarea será más difícil, pero debemos vencer esta locura que vuelve añico el salario de los trabajadores. El ex Fiscal General de la República y actual Vicepresidente de la ANC el  4 de septiembre a través de Unión Radio se refirió a esta situación con las siguientes palabras: “Vienen arrastrándose situaciones que debieron ser analizadas y abordadas con respuestas gubernamentales con anterioridad a la ANC…En mi opinión, la ANC debió comenzar por el tema económico y no por el político… La política puede esperar, lo que no espera es la barriga de la gente… Es urgente dar respuestas inmediatas a la necesidad más sentida por la colectividad como es la que día a día  afecta sus bolsillos…”

En esta reflexión sólo abordaremos la Ley de Abastecimiento soberano y precios acordados o Ley del Plan 50,  “a través de la cual se fijarán precios máximos de venta al público a 50 productos y servicios previamente acordados con los sectores productivos, distributivos y consumidores”. El Presidente Maduro informó que los precios fijados serán supervisados por fiscales, Consejos Comunales y Consejos Locales de Abastecimiento Productivo (CLAP). La primera pregunta sería ¿Cómo se acordarán esos precios? ¿Cuál será el mecanismo a utilizar? El viernes 11 de septiembre, el Ministro de Agricultura instaló 4 mesas de trabajo para evaluar precios del maíz (blanco y amarillo), arroz, café y caña de azúcar. Aunque se mencionan las palabras diálogo y consenso, que todo pasará por sincerar las estructuras de costos, ya que todo debe pasar por cubrir los costos de producción de cada bien o servicio y de obtener una ganancia legal y ética, lo cual implica que la ganancia no debe ser usurera ni especulativa.

Revisando con sinceridad y “sin prisa pero sin pausa” las estructuras de costos tanto del sector primario como del sector transformador o secundario del área agropecuaria, pudieran detectar algunos problemas que son responsables del encarecimiento de los alimentos. También  hay que revisar el precio de los servicios agrícolas como preparación de tierra, cosecha y transporte para ver si son justos o especulativos. Igualmente hay que revisar el costo de los insumos (semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas…), porque podrían encontrarse que los productores no están comprando a precio de Agropatria, sino a precio de bachaquero.

Finalmente, partiendo de la información que se conoce hastaahora, recomendamos que en relación a la fiscalización de los precios por parte de los CLAP, no se desdeñe la sensibilización y entrenamiento de los mismos, porque “nadie nace aprendido”. No entendimos cuando alguien expresó que los fiscales de la SUNDDE deberían tomar una posición de segunda línea dejando la iniciativa de la fiscalización a los CLAP, lo cual implicaría una modificación de la Ley de Precios Justos. ¡CHÁVEZ VIVE. LA LUCHA POR LA PATRIA HONESTA, JUSTA Y SOBERANA SIGUE!