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Foto: Archivo
Ante la demagogia de la derecha de proponer una Ley de Propiedad para las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), con la sola idea de beneficiar a sectores económicos y de sacar rédito político de un logro que no es de ellos, sino de la Revolución Bolivariana, construyendo y acercando el crédito a muchas familias, las cuales han podido adquirir su vivienda durante estos 16 años. Por ejemplo, en el período del 2005 al 2009, se dio un auge en donde muchos venezolanos lograron comprar sus casas en Caracas, Guarenas, Guatire y Valles del Tuy, durante la primera etapa de la Cartera Hipotecaria Obligatoria, mecanismo creado por la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario.
Bajo este esquema, lamentablemente manipulado por la Banca, un constructor dueño de un terreno ejecutaba y gestionaba todo. No había cabida para la participación del pueblo ni para que las viviendas que se estaban construyendo llegaran a los sectores más necesitados, es decir, aquí no había casa para los ancianos o madres trabajadoras solteras, solo para aquellos que llegaban a pagar una inicial, el IPC y gestionar el crédito hipotecario, tardando este proceso entre 3 a 4 años, sin mencionar los desarrollos habitacionales que tuvieron que ser intervenidos por el Estado.
Ante el fracaso de este primer intento de aplicación de la cartera hipotecaria, aunado a la tragedia de las lluvias del 2010, el Comandante Chávez, en la búsqueda de soluciones para todos los venezolanos con necesidades de vivienda, dio inicio en abril del 2011 a la GMVV ideada sobre un esquema completamente revolucionario, libre de burocracias y pensando siempre en el ser humano. Es así como se dicta la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Vivienda, la cual permitió a los ejecutores de viviendas, una vez decretados los terrenos como áreas vitales de viviendas y de residencias (Avivir), entrara a construir sin mayor permisología. En ese momento la necesidad de las familias era apremiante y la burocracia no podía ser un obstáculo para la satisfacción del derecho a una vivienda digna.
Durante el período 2011-2015, todas las familias dignificadas, y otras miles más, recibieron sus viviendas, sin la exigencia de recaudos o requisitos previos, ni mucho menos una inicial, siendo directamente adjudicados por el Órgano Superior de Vivienda. Hoy, estas listas de adjudicados son insumo para la protocolización de los títulos de propiedad, al igual que lo es una pequeña lista de recaudos socioeconómicos y la propiedad del terreno donde se construyó. Aquí, lamentablemente, no hemos terminado con la burocracia asociada a la entrega de un título de propiedad y/o protocolización de un crédito, por lo que el proceso de protocolización va al ritmo que la burocracia estructural e institucional lo permite, existiendo la necesidad imperante de renovar esta estructura y reinventar los procesos asociados, para así cumplir con todos los que esperan sus títulos de propiedad.
De lo muy poco que se ha podido leer del “proyecto de Ley”, que “supuestamente” presentó el diputado Julio Borges, ésta ha sido la iniciativa de una “Comisión Especial”. Me preguntó, ¿estaría dispuesta la mayoría opositora en la Asamblea Nacional a aprobar un crédito adicional para fortalecer el Sistema de Registros Inmobiliarios con este fin? Considerando que el otorgamiento masivo en corto tiempo de títulos de propiedad crearía un impacto considerable en esta Institución, ¿estarían dispuestos a apoyar al Ministerio de Vivienda y Hábitat en el crecimiento y fortalecimiento de sus entes adscritos en especial la Inmobiliaria Nacional?.
Da la impresión, ante el demagógico cántico, ¡propiedad!, ¡propiedad!, ¡propiedad!, que además demuestra un profundo desconocimiento del derecho civil y administrativo asociado al otorgamiento de los títulos de propiedad entre el Estado y un particular, existe una promesa a los “amigos” de los sectores económicos de conseguirles unos realitos por el terreno expropiado, quienes nunca han estado conformes con los justiprecios establecidos por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas en el marco del proceso de regularización de la propiedad establecida en la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Vivienda. ¡Bueno! La obvia promesa a la banca de explotar las viviendas y así privatizar el derecho a un hogar digno para las familias Venezolanas.
Ciudad Ccs