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El proyecto de ley que legitima la violencia como política, que Un Nuevo Tiempo presentó en la Asamblea Nacional, pretende avalar todos los delitos cometidos durante el plan golpista de 2014 denominado «La Salida», y que incluyen atentados contra el sistema eléctrico, obstaculización de las calles, ataques contra instituciones públicas, así como acciones de guerra mediática y colocación de guayas para asesinar a motorizados.

Así lo denunció este jueves la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, y en compañía de venezolanos víctimas de estos actos vandálicos, explicó ante el Cuerpo de Diplomáticos acreditados en el país los alcances de este texto, aprobado en primera discusión el pasado 16 de febrero por la mayoría circuntancial de agrupaciones de oposición en el Parlamento.

«¿A quiénes se les aplicaría esta ley? ¿A los que han estado cometiendo delitos violentos contra la institucionalidad y el Estado de derecho venezolano? Este instrumento aplica la amnistía para cualquier persona que haya cometido delitos comunes», expresó Rodríguez.

La canciller denunció que la derecha «tiene una peligrosa tendencia a vincularse a las bandas criminales, y se apoya en ellas para el sicariato político», por lo que ahora le dice a esos delicuentes “que cuentan con una Ley para salir en libertad».

Durante este encuentro, hizo lectura de algunos de los delitos que son legitimados en este proyecto, y que incluyen: acciones violentas frente a sedes de embajadas; instigación a las leyes y al odio durante el golpe de Estado de 2002; zozobra generada a través de la difusión de informaciones falsas; obstaculización de vías públicas; daños a la propiedad, sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación; fabricación y suministro de artefactos explosivos, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

«¿Qué sentido político tienen estos delitos comunes? No son delitos políticos, porque durante mucho tiempo la derecha le ha mentido al mundo diciendo que hay personas procesadas en Venezuela por pensar diferente, y hoy están confesando que desde el 1º de enero de 1999 han tratado de derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, a través de un plan sistemático contra la institucionalidad venezolana y los poderes públicos», explicó.

El proyecto de ley de la derecha se contrapone a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Bolivariana, que establece la responsabilidad del Estado venezolano de «investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos» y rechaza de forma contundente el indulto hacia estos hechos a través de la aplicación de una ley de amnistía. La pretensión de la derecha queda entonces expuesta como un intento más por desconocer la Constitución.

La historia de las víctimas

Desde el centro del salón de la cancillería dispuesto para el encuentro, con los ojos vigilantes del Libertador fijados en un retrato inmenso, German Óscar Carrero se ahoga en llanto al recordar cómo él y otros compañeros escapaban en un vehículo que transportaba medicinas, y que fue interceptado por sujetos cargados de bombas caseras durante las guarimbas de 2014. Hoy, cuando le falta una de sus manos, clama por justicia.

«Ellos arremetieron contra el estado Táchira. En San Cristóbal acabaron con CDI (Centros de Diagnóstico Integrales), con hospitales, con simoncitos, se metieron con un hospital de niños con necesidades especiales y causaron muertos y heridos. A mí me quitaron un miembro de mi cuerpo y me cambiaron la vida por completo. Decían que debían matarme porque yo era chavista», relató Carrero quien perdió la mano de forma inmediata, cuando fuera alcanzado por una bomba molotov.

A pesar de lo vivido, este venezolano expresó un mensaje de agradecimiento: «Dios me dio una segunda oportunidad».

Maite García es una de las víctima de los sucesos de sicariato registrados en los campos venezolanos, y que han cobrado la vida de líderes campesinos, sembrando el terror en las comunidades.

«En 2002 se inició el asesinato de los líderes campesinos que estaban con el presidente Hugo Chávez, defendiendo la Ley de Tierras. Allí también atentaron contra la vida de nuestras familias, víctimas de sicariato campesino», expresó García quien llora a su «gigante pelaíto», un miembro de su familia que este viernes celebraría su cumpleaños número 58. Un delito que podría ser indultado por la derecha y su ley de amnistía.

«Él fue un hombre que siempre defendió a los campesinos, y que no permitía que los terratenientes los explotaran, pero ahora mi familia, en lugar de celebrar, estará llevando flores al cementerio. La derecha con su Ley de Amnistía dejan claro que el único derecho que nos garantizan es llevarle flores a nuestros familiares en el cementerio», sentenció la mujer, al tiempo que solicitó al cuerpo de diplomáticos escuchar con atención sus palabras.

Con lágrimas en su rostro, indicó que a pesar de la ausencia, la posibilidad de sentir odio no es concebida jamás como una opción, pues este sentimiento no se inscribe en la política revolucionaria que hace 17 años sembró Hugo Chávez en el pueblo.

«Este sentimiento es muy fuerte; sin embargo, nos mantenemos con la moral intacta defendiendo a nuestra patria. A nosotros no nos pagan para llorar a nuestros familiares, ni para que nuestras familias hoy se vistan de luto», afirmó García.

AVN