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3.May.2016 / 10:11 am / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

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En Venezuela, el tema de la salud hoy viene acompañado de la expresión “crisis humanitaria”, una frase casi esperada por cada vocero que la utiliza no sólo como argumento sino como propaganda antipolítica. Es deliberada la forma en cómo es usada esta expresión para responsabilizar exclusivamente al Gobierno venezolano sobre cada experiencia individual que incluya algo relacionado al tema médico, desde la imposibilidad de comprar un suero en Quimbiotec, hasta el hecho de no conseguir curitas en Farmatodo.

Los necroagremiados y la CIDH

La expresión “crisis humanitaria en el sector salud” sigue y seguirá repitiéndose de forma insistente por los promotores y publicistas del caos. Diversos portales con clara definición antichavista replican declaraciones de gerentes cuartorrepublicanos que en su época de gloria, cuando asumieron el Ministerio de Salud con un gobierno que sólo asignaba el 0.6% de los recursos nacionales para gastos de salud y desarrollo social, no chistaron la falta de hospitales, recursos o inversiones. Curiosamente tampoco eran solicitados por esos viejos periodistas que hoy esgrimen sus viciados reportajes periodísticos saturados de falsa pose indignada sobre la cantidad de venezolanos que no consiguen medicamentos pero a la vez se babean resaltando en negrillas la cantidad de muertos que ingresan a la morgue de Bello Monte durante un fin de semana, sin clasificación de motivos, sin diferenciar un suceso de otro. “Periodismo independiente” le llaman a esa mezcla de hipocresía balurda complicada con necrofilia intensa.

Una muestra clara de lo anterior es esta nota publicada por El Estímulo, en ella se mezclan todos los componentes de la narrativa “crisis humanitaria”.

No hay reparos en la construcción de un relato que factores de la derecha y hacedores de la necropolítica ondean vigorosamente. No es casual que diputados opositores, la OEA, la CIDH y las ONGs como Provea, financiada por el magnate finaciero George Soros a través de Open Society, estén alineados con la misma retórica desde 2013.

Esta semana se abrieron audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema central fue La Crisis Humanitaria que vive Venezuela. Durante estas sesiones permea la pantomima de la imparcialidad, se oyen a denunciantes de casos sobre violaciones de Derechos Humanos que tienen que ver en este caso con situaciones específicas intrahospitalarias o no pero que incluyen un factor, digamos, clínico que merece atención.

Todas las declaraciones personales son de familiares que perdieron o tienen a un ser querido en un hospital, seguidamente es requisito que éste asegure que la causa de muerte no es la patología que padece sino la dificultad para acceder a un medicamento en específico, no importa si recibió algunas dosis antes de complicarse el estadío, no importa si era una enfermedad terminal, viral, infecciosa o de tratamiento sintomático, lo que sea sirve para rellenar ese amplio formato que requiere la exposición de casos que sirvan para abultar mediáticamente el imaginario de crisis humanitaria.

El comisionado de la CIDH, Francisco Eguiguren Praeli, ha insistido en muchas de sus declaraciones que los Derechos Humanos “no son un tema de orgullo nacional sino de equidad y justicia”, lo dice como si tales cosas verdaderamente existieran, como si los financistas de ONGs no pagaran muy bien una sanción en la CIDH contra algún gobierno soberano que no es complaciente ni cede a chantajes, como si los apellidos y los dólares no compraran prioridad; ahí están Lilian Tintori y los de Provea, a quienes la misma CIDH les otorgó medidas cautelares y de protección casi vitalicias, porque anillos de seguridad con agentes del calibre de Pérez Venta no son suficientes.

Eguiguren, desde su puesto de relator, avala declaraciones que también incluyen otras expresiones altisonantes como “conflictividad social, crisis social, caos social, estallido social”. El legado Almagro en DDHH.

Contando los muertos desde la barrera

Tomemos como ejemplo una denuncia hecha por activistas de Primero Justicia en febrero de 2015. La denuncia mostraba con fotos y videos cómo en un Hospital del Seguro Social de San Cristóbal se descartó gran cantidad de medicamentos y material médico quirúrgico en buen estado.

La experiencia hospitalaria como integrante de un equipo de salud por más de 11 años me ha mostrado que la disponibilidad de equipos y medicinas es literalmente vital a la hora de resolver una urgencia o aplicar atención directa a un paciente hospitalizado, no contar con algún implemento nos deja dentro del peligroso margen de la improvisación, a veces airosos, a veces no tanto. Cuando uno lee denuncias como la que reflejo anteriormente, es cuando se reducen todas la explicaciones a una sola: no es mentira que dentro de hospitales hay gente a la que le conviene que ese hospital no funcione, es gente que, conscientemente o no, tributa a los factores de poder que idean estrategias en la contra para afectar únicamente la imagen del Gobierno a costa de la muerte.

Sucede hoy en todos los escenarios de confrontación política (mientras el Gobierno dialoga y resiste), por un lado sectores con actores bien definidos en su tarea de ejecutar las bajas que sean necesarias bajo las formas que sean necesarias, y por el otro los contadores de cuerpos sin vida tecleando desde el ejercicio obsceno del necroperiodismo las cifras, reduciendo lo que una vez fueron vidas, a una estadística.

El problema hospitalario no es un asunto de buena gerencia, de mejor administración, de mejores preparadores. La realidad mutila el velo de la formación, quienes vienen de universidades diseñadas para entender la salud, o para restaurarla, olvidaron hasta la más mínima conducta ética y hoy están alienados con su acera de interés, esos gerentes que no tienen asco en favorecer a lo interno situaciones de daño institucional tienen un plan asignado, y ejecutándolo hacen que sea imposible resolver casos extremos de mal manejo de recursos. La crisis es ética y es política, no es un problema de gerencia.

Un tema sin final… por ahora

La línea desinformativa que busca hacer ver la real dificultad para acceder a ciertos medicamentos, sobre todo los de mayor consumo, como única responsabilidad de la deficiente administración de recursos por parte del Gobierno Bolivariano, omite la actuación de la empresa privada en este sector (una muestra que vale la pena traer a colación es la denuncia que hicieran trabajadores de Pfizer, resaltando la necesidad de ser incorporados a una inspección para garantizar el uso adecuado de las divisas para la importación y ensamblaje de algunos medicamentos), ya que no es el Gobierno Bolivariano el que realiza la mayor importación de medicinas sino el sector privado.

Por otra parte, la declaración de “crisis humanitaria en salud” sella a cada venezolano como un consumidor casi compulsivo de medicamentos, están midiendo la salud de un país solamente por la posibilidad que tienen de comprar un medicamento (y ni siquiera se refieren al acceso monetario), es la idea de salud relacionada únicamente a un tratamiento clínico específico. La salud recetada. Esa declaratoria jamás va a cuestionar qué es lo que nos enferma, sino cómo no conseguimos lo que según ellos nos cura. Es una declaratoria que no menciona cuáles son los estilos de vida (o de muerte) que producen obesos y diabéticos de forma alarmante, y no la hará porque sencillamente no es su tarea.

El sistema de salud en Venezuela no está en “crisis humanitaria”, está enfrentando, como todos los sectores del gobierno, una cruenta guerra política, y es desde esa lógica de guerra que debe entenderse cada accionar de sus actores y cada estrategia de desinformación. Creer que el problema es la falta de inversión, las iniciativas gubernamentales o la mala administración, es llamarse a engaño permanentemente.

Es el capitalismo quien asesina a miles de personas diariamente utilizando todos sus mecanismos de explotación y saqueo, desde la diabetes y la pandemia de los infartos hasta los bombardeos de la OTAN sobre Libia y las arremetidas del Estado Islámico en Siria e Irak, por más que la CIDH y las ONGs de George Soros quieran criminalizar a Venezuela y posicionarla como la responsable de un genocidio global que no inventamos nosotros. Y vaya que Provea es un excelente notario y gestor del expediente pro intervención contra el país.

Misión Verdad

 

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