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29.Ago.2015 / 09:06 am / Haga un comentario

Foto: Referencial

Tras la decisión de cerrar el paso fronterizo, en Colombia las autoridades locales y los grupos empresariales han identificado al menos cuatro efectos altamente negativos, conectados con la incapacidad estructural del Estado y de la burguesía para atender las necesidades de la población y su propia viabilidad productiva sin apropiarse por la violencia e ilegítimamente de los recursos de Venezuela.

Escasez de combustible

Derivado de una política que sólo otorga un cupo que no cubre las necesidades del departamento Norte de Santander. Es decir, el contrabando de gasolina es una necesidad creada por el Estado colombiano, por lo que más de 80% de la gasolina que consume la región es extraída desde Venezuela a través del contrabando. Cerca de los 15 millones de galones requeridos al mes, solo se asignan 4 millones, según datos de ayer del diario La Opinión de Cúcuta.

Imposibilidad de exportar el carbón

Colombia no ha desarrollado infraestructura de movilidad y embarque, sino que se ha aprovechado de la creada por Venezuela. Además de tener costos más bajos por el diferencial cambiario generado artificialmente en la frontera.

El departamento produce cerca de 200 mil toneladas al mes, el cual es exportado a Europa desde puertos venezolanos y tiene un precio de 52 dólares la tonelada, es decir unos 400 mil dólares al día. El sector emplea a unas 15 mil personas.

Más desempleo y empleo informal

El Norte de Santander es el departamento con mayor empleo informal en Colombia, con 70%, y Cúcuta la segunda ciudad con mayor desempleo, con cerca del 15%.

La burguesía local ha construido una trama “empresarial” basada en la informalidad para evadir costos propios de estructuras de mayor tamaño.

Además, la naturaleza de los negocios, vinculados con la inestabilidad del comercio y por ende con baja capacidad para generar empleo, acarrea esas consecuencias. De hecho desde 2007 la informalidad ha crecido en casi 7 puntos.

A eso hay que agregar la presencia de desplazados y desmovilizados ligados con el conflicto y con las políticas de Uribe Vélez respecto al paramilitarismo.

Mantener ese empleo precario y evitar un aumento de la desocupación abierta ha sido posible sólo con base en el desarrollo de actividades delictivas como el contrabando de extracción en contra de Venezuela.

Conflicto por la tierra urbana

La mayoría de los ciudadanos colombianos asentados ilegalmente en territorio venezolano en la zona de frontera son pobladores desplazados de áreas rurales y de la periferia de las ciudades.

Instalados precariamente en Venezuela lograban solución temporal a la falta de vivienda, al tiempo que seguían siendo peones de la maquinaria paraco-empresarial.

Ahora, al retornar a su región de origen surge el temor de “invasiones” y ocupaciones precarias de terrenos en Cúcuta reservados para proyectos comerciales.

“Sin empleo”

Unos 24 mil colombianos habrían quedado “sin empleo” luego de que se decidiera el cierre temporal de la frontera con Colombia, entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander, según el candidato a alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, de Cambio Radical.

En una entrevista radial a W Radio, Acevedo dijo que ese es el número promedio de ciudadanos del vecino país que se ocupan en las diversas tareas logísticas para, a través del llamado “bachaqueo”, realizar el contrabando de extracción de gasolina, alimento y bienes esenciales, desde el territorio venezolano, con graves consecuencias para el abastecimiento en estados como Táchira, Mérida y Barinas.

Gasolina y colas

Tras el cierre de la frontera la situación de las colas para abastecer combustible se invirtió en forma absoluta. Mientras en Táchira desapareció la congestión en la gasolineras, en Cúcuta comenzaron a registrarse colas de cuatro o más horas.

Esto evidenció la absoluta dependencia de esa ciudad del combustible obtenido ilegalmente en Venezuela. Cerrado el flujo desde la frontera, el negocio de los expendedores callejeros o “pimpineros” ha comenzado a ser de otra naturaleza: hacen las colas para adquirir el combustible y posteriormente revenderlo a quienes no tienen tiempo para la espera. Pagan 5.600 pesos por un galón que venden en 12 mil, informaba ayer el diario El Espectador.

Una nueva frontera de paz, la propuesta de Venezuela

Para Venezuela los aspectos clave que obligaron al cierre de la frontera se resumen en cuatro puntos:

1) El contrabando de combustibles: en forma global se estima que alcanza los 45 mil barriles de gasolina al año, de acuerdo con Asdrúbal Chávez, exministro de Petróleo. Sólo en Táchira, tras el actual cierre, se dejó de vender 1 millón de litros de gasolina al día. Las pérdidas económicas suman 200 millones de dólares al año y hay un significativo impacto sobre la productividad ya que deben hacerse colas de al menos 4 horas.

2) El contrabando de alimentos y bienes básicos: esta actividad en Táchira, con la participación de pobladores de la frontera, se agudizó al menos desde hace tres años. Está impulsada por el mecanismo cambiario desarrollado por las mafias paramilitares para devaluar artificialmente el bolívar. Se estima que la mitad de los alimentos básicos enviados a Táchira son desviados hacia el Norte de Santander.

3) La ofensiva cambiaria: la clave del contrabando es una estructura de cambio informal y sin control que fija arbitrariamente la tasa de cambio que favorece la moneda colombiana depreciando el bolívar. Así las mafias pueden adquirir mayores cantidades de bienes con la misma cantidad de pesos. Es decir, mientras en diciembre de 2014 por un billete de 100 bolívares los cambistas informales pagaban 1.400 pesos, en agosto de 2015 sólo pagaban 480. El mecanismo está avalado por la Resolución 8, del año 2000, del Banco de la República, aunque su uso abierto comenzó luego que Venezuela ha profundizado los controles a las divisas. Para Venezuela este es el punto medular del cierre y exige la derogación de la norma y la ilegalización del mecanismo, lo que debe acarrear la supresión de los cambistas y por tanto dar un duro golpe al contrabando de extracción.

4) La violencia paramilitar: el catalizador de las prácticas delictivas enmascaradas como negocios es la violencia paramilitar. Estas actividades experimentaron un auge en el mandato de Álvaro Uribe cuando se impulsó la “desmovilización” de los ejércitos privados del tráfico de drogas. La fórmula delictiva-empresarial ha conformado un modo de producción que bien podría denominarse “economía de la violencia” y que ha requerido una expresión política constituida por una especie de Estado paralelo, con su propios mecanismos de ejercicio de la autoridad como la extorsión, el secuestro y el sicariato.

La corrección de estas cuatro distorsiones es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado una “nueva frontera de paz en la que los ciudadanos ya no sean víctimas del modelo capitalista, neoliberal y paramilitar que se trasladó desde Colombia al país”.

Ciudad CCS

 

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