Foto: Misión Verdad

Congelados los frentes externos de la guerra contra Venezuela era previsible que se abriera con fuerza el interno. A sólo horas del anuncio de aumento salarial del 30% decretado por el presidente Maduro el día 15 de octubre, la reacción de los sectores fachoempresariales se hizo efectiva: remarcaje inmediato producto del ataque al sistema de precios y a la moneda y el aumento súbito e inexplicable del dólar negro. Dos elementos claves y parte de la respuesta de los operadores económicos locales contra el país a sólo dos meses de las elecciones parlamentarias.

Es cierto que el frente abierto para atacar nodos claves en la economía es probablemente el que produce mayor desgaste sicológico, pero de ninguna manera es el único factor desestabilizador de importancia que hemos venido atestiguando en los últimos meses: la guarimba eléctrica, la ofensiva directa de las bandas criminales y el ya clásico y permanente asedio mediático narran el contexto en que se producen las nuevas medidas económicas anunciadas este martes 20 de octubre.

El golpe efectivo dado a las mafias en el occidente con el cierre fronterizo ha sido un punto importante de inflexión para definir el panorama, el reacomodo y los nuevos procedimientos de los actores protagonistas del contrabando y la paraeconomía. La desaparición repentina de rubros estratégicos como la pasta y el arroz que hasta hace unos meses no formaban parte de la lista de productos contrabandeados masivamente hoy se encuentran desaparecidos. Y según anuncios de los gobernadores de los estados fronterizos Zulia y Táchira, son cada vez más frecuentes incautaciones de estos productos en específico.

En clarísimo tono autocrítico Maduro no tuvo complejos para afirmar que «La Ley de Precios Justos fue pulverizada, infiltrada, mal utilizada, y nosotros no podemos aceptar eso». No es necesario un análisis a fondo para saber que junto a la operación de sabotaje permanente por parte de grupos y grandes empresarios del país, el enemigo infiltrado y asociado al golpismo ha venido haciendo su trabajo.

Inspectores corruptos han sido procesados y los remarcajes según el propio Maduro rondan hasta el 1.000% ó 1.500% enmarcados evidentemente en un plan de estos sectores tutelados desde afuera ante la cercanía de las elecciones. El muy débil papel de la Sundee en los últimos meses describe también un elemento clave para anunciar esta nueva ofensiva chavista.

Los anuncios

Los anuncios expuestos por el presidente Maduro no pueden ser entendidos y analizados como simples medidas económicas coyunturales, sino como parte de una ofensiva política mucho más grande y elaborada que busca desarticular conglomerados mafiosos que a partir de los procesos de importación/distribución/comercialización han caotizado los parámetros mínimos para la fijación general de precios con fines eminentemente políticos y preelectorales.

En Venezuela son precisamente esos procesos los que ocupan un buen porcentaje de la actividad económica nacional desde décadas. No es producto de genialidad política empresarial alguna promover un intensivo ataque político desde ese universo mediado de corrupción, chantaje y parasitismo.

Ante esta realidad y previendo que el frente interno preelectoral se agudizará, el presidente Maduro anunció la modificación de la Ley de Precios Justos, estableciendo un tope máximo de ganancia del 30%, la creación de un precio máximo de venta al público que, haciendo uso de una nueva metodología anclada en los costos reales de importación y producción, contenga la vorágine especulativa capitaneada por los gremios empresariales otorgándole énfasis en los bienes de la canasta básica y en el sector salud.

Con la Ley Habilitante en vigor, el presidente Maduro anunció un Comando Especial de Precios Justos, el cual estará integrado por Unamujer, Comunas esparcidas en todo el país, Milicia Bolivariana, Consejos Nacionales de Abastecimiento y la Guardia Nacional Bolivariana.

Dicho comando también llevará a cabo las sanciones y multas (en base al ingreso neto de las empresas) de aquellos comercios, conglomerados distribuidores y fábricas que violen la Ley de Precios Justos y los techos de ganancia establecidos por ella.

Anunció también que se está trabajando en una nueva tipificación de ilícitos cambiarios para que se apliquen sanciones graves a «todo aquel que fije precios en dólar fantasmas o paralelos o que diga utilizar ese dólar sin ningún tipo de respaldo legal».

Otro anuncio de gran importancia fue la fusión del Ministerio de Industrias con el Ministerio de Comercio, que estará a cargo de José David Cabello, y que tendrá como objetivo primordial simplificar el seguimiento y la aplicación de sanciones en el conjunto general de la economía.

El alerta permanente

Durante lo que va del año 2015 se han conjugado todos los insumos necesarios para una tormenta económica perfecta contra Venezuela: caída estrepitosa en los precios internacionales del petróleo, especulación cambiaria y de precios desbordada (vía Dolar Today), sabotaje de los sistemas de distribución y comercialización, y un violento asedio financiero internacional propinado por calificadoras de riesgo y bancos de negocio estadounidense.

Todas estas maniobras económicas y financieras, debemos insistir, son un plan político pensado, diseñado y articulado para derrotar los consensos que han definido históricamente al chavismo y sacarle plusvalía política a una atmósfera de conflictividad creciente y sin retorno.

Pero aún con este amasijo de ataques casi cotidianos, hemos podido cumplir con el pago oportuno de nuestros compromisos financieros internacionales apretándonos el cinturón. Pagos que han permitido que la estabilidad política del país no se haya violentado como desean los empresarios, bancos e instituciones multilaterales (como el FMI) que, al narrar el supuesto colapso de la economía venezolana, le echan leña al fuego.

Hemos sabido timonear por aguas turbulentas con una capacidad de respuesta que muchas veces, por lo agitado de los acontecimientos cotidianos, solemos perder de vista. Pero en el detalle y en la chiquita, seguimos creciéndonos ante las dificultades.

Los empresarios conforman la agencia primordial de la guerra contra la Revolución Bolivariana. Son los operadores y gestores con mayor poder de influencia dentro de la situación interna actual.

Por tal motivo, cada vez que una ofensiva chavista se plantea enfrentar a la putrefacta oligarquía criolla, está escrito que los factores de la ultraderecha responden y buscan incendiar calles, promuevan guarimbas y enfrentamientos callejeros. Cuando enfrentamos a los señores de la guerra, los planes extremistas salen a relucir tratando de equiparar la magnitud de nuestras maniobras políticas.

No olvidamos que el proyecto de guerra civil del 12 de febrero de 2014, conocido como «La Salida», tuvo como origen y causa «El Dakazo» de finales de año de 2014. Es normal y predecible que, ante una ofensiva como la que se viene, la oligarquía criolla apele a sus parachoques de la desestabilización y el sabotaje general.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Trecho inundado, por cierto, de chavistas que después de dos años de guerra intensiva no nos hemos dejado chantajear. Y ese es el nervio de acero que determinará el camino hacia el 6 de diciembre y los caotizados días por venir.

Sigan aclarando la garganta para que canten fraude sin desafinar, que de defensa sin condiciones a la revolución sabemos nosotros.

Misión Verdad