Noticias / Regiones
Foto: Archivo
Prensa / PSUV-Mérida.- El gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, destacó este lunes que desde el 15 de diciembre de 1999, el pueblo adoptó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como herramienta para ejercer el Poder Popular y hacer valer sus derechos.
«Con la Carta Magna, el pueblo defendió su soberanía y rescató a Hugo Chávez de su secuestro el 11 de abril de 2002, con el mismo instrumento legal, se cohesionó para hacerle frente al sabotaje petrolero de 2002 y 2003. Hoy a 15 años de su promulgación, el pueblo junto a Nicolás Maduro defiende en todas las instancias posibles, su rol como protagonista de la construcción de la Patria nueva”, manifestó Ramírez.
Recordó con suma satisfacción que hace 15 años la Carta Magna que rige los destinos de la Patria de Bolívar y Hugo Chávez, fue aprobada por mandato del pueblo en ejercicio de su Poder Constituyente con 3 millones 301 mil 475 votos a favor del Sí, equivalente al 71,78% del electorado.
Ramírez dijo además que con esa acción, el pueblo elector y soberano decidió poner fin a la llamada democracia representativa, con su marco jurídico excluyente que fue la impronta de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo.
Precisó que en esa oportunidad la opción del No, fue representada por las mismas caras de la oposición que hoy pretenden asumir a la Constitución Bolivariana como su bandera para hacer política.
“Se trataba de los mismos voceros de Acción Democrática (AD), Copei y Unión Republicana Democrática, e incluso de voceros que hoy lideran partidos de la más extrema derecha como Primero Justicia y Voluntad Popular; quienes se opusieron al texto porque su promulgación derogaría a la Constitución de 1961, elaborada por el bipartidismo, en la que el pueblo no gozó del protagonismo, la pluralidad y la corresponsabilidad que tiene actualmente”, sostuvo.
Aseguró que muy por el contrario a lo que hoy la “rancia oligarquía venezolana y las fuerzas imperiales pretenden hacer ver, la Constitución Bolivariana ofrece una importante ponderación a los derechos humanos, a los que considera superiores y anteriores al Estado, por lo cual lo obliga a garantizar el respeto de estos y además investigar, sancionar e indemnizar a quienes hayan sido víctimas de la violación de sus derechos, cosa que en la Cuarta República, era cotidiano”.