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ABN.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), conglomerado con sede en Miami que agrupa a empresarios dueños de medios, emitió este lunes una resolución donde pide a la Organización de Estados Americanos (OEA) que intervenga en Venezuela a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La demanda del cónclave, que realizó desde el viernes su reunión "de medio año" en Oranjestad, capital de la isla caribeña Aruba, reitera una serie de acusaciones contra el Gobierno venezolano que forman parte de una estrategia para ocultar los avances en materia de libertad de expresión y acceso a la información en el país.
En la misiva, la SIP solicita a la OEA que actúe a favor de RCTV, televisora opositora que forma parte del conglomerado 1BC, la cual transmitía su programación por los sistemas de televisión por suscripción hasta que en enero de 2010 se negó a cumplir la legislación venezolana en materia de telecomunicaciones, por lo que fue retirada de la grilla por las propias cableoperadoras.
Durante las sesiones de su asamblea general, celebradas el fin de semana pasado, participaron como ponentes dueños de medios contrarrevolucionarios venezolanos, entre ellos el presidente de Empresas 1BC, Marcel Granier, así como el director del periódico local Correo del Caroní, David Natera, quienes hicieron señalamientos falaces contra el país, al acusar al gobierno del presidente Hugo Chávez propiciar la desaparición de "medios independientes de comunicación".
La resolución dada a conocer este lunes coincide con la visita a Washington del presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría, quien acudió este martes a una audiencia ante la CIDH, donde participó en un foro titulado Situación del Derecho a la Libertad de Expresión, Información en Venezuela, de acuerdo al diario opositor El Nacional, afiliado a la SIP.
Asimismo, Echeverría reiteró su apoyo al más reciente informe de la CIDH, el cual coincide en los ataques de la SIP contra el Gobierno de Venezuela.
La CIDH es encabezada por Santiago Cantón, funcionario que reconoció el breve gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, quien en abril de 2002 encabezó el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, disolviendo además todos los poderes constituidos.
La SIP, cuyo operatividad está históricamente vinculada a políticas de intervención de Estados Unidos en América Latina, también criticó a otros gobiernos progresistas como Ecuador, Argentina, Bolivia y Cuba, pese a que reconoció que no emitió condenas contra México, Colombia y Honduras, donde, según sus propios informes, están gravemente amenazadas la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, por numerosos asesinatos a comunicadores, narcotráfico, conflictos bélicos y narcotráfico.