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Prensa psuv.- Los Poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano y el Ministerio Público de Venezuela, suscribieron en conjunto un documento como rechazo unánime al Golpe de Estado perpetrado en Honduras.
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó que "en vista de la fragante violación de derechos humanos, e inspiradas en los principios y valores universales de libre determinación de los pueblos, respeto a la voluntad popular y soberanía, unidad, solidaridad y hermandad entre las naciones, nos pronunciamos de forma categóricamente rechazando y condenando la ruptura del hilo constitucional y democrático".
A continuación el escrito:
1.-El Golpe de Estado ocurrido en Honduras, y la instauración de un gobierno de facto, representan el cese del Estado de derecho y constituye una grave violación de los derechos humanos del pueblo hondureño.
2.-Que el gobierno de facto, en aras de imponer a la población sus objetivos antidemocráticos, ha apelado al uso ilegal de la fuerza pública, para desconocer la voluntad popular expresada por medio del sufragio, atentando contra la vida de las personas, privando ilegítimamente de la libertad, allanando hogares, reclutando forzosamente a menores para incorporarlos al Ejército irregular, reprimiendo manifestaciones populares, cerrando medios de comunicación impidiendo con ello la libertad expresión y de estar oportunamente informado.
3.-Que en el marco de las profundas violaciones a los principios democráticos y a la soberanía popular, el gobierno de facto desconoce abiertamente los tratados válidamente suscritos, ratificados, y aprobados por Honduras en matearía de Derechos Humanos.
En virtud de los hechos expuestos, y por la fuerza y contundencia de su contenido, las representantes se adhieren a los pronunciamientos de la OEA, del Sica, Alba, Grupo de Río, Unasur y Caricom, reconociendo como presidente constitucional a Manuel Zelaya Rosales, quien fue electo por el pueblo de Honduras para el periodo constitucional vigente.
Asimismo, denunciamos las amenazas que pesan sobre el presidente Manuel Zelaya, representantes de los organismos internacionales y dignatarios que integran la comisión que se trasladará hasta Honduras.