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ABN.- Quienes atienden a la convocatoria a una marcha por parte de la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia Arocha, y demás grupos opositores, están siendo utilizados para defender los intereses de lacayos del imperio que quieren mercantilizar los espacios universitarios, sostuvo Carlos Rojas, estudiante de Ciencias Actuariales de esta casa de estudios.
Su señalamiento lo hizo este miércoles, en el programa Al Momento, que transmite Venezolana de Televisión, a propósito de la marcha política que efectúan sectores opositores este día.
Rojas refirió que entre los espacios que un grupo mercantiliza en la UCV están el Estadio Olímpico, el Aula Magna y la Zona Rental.
Además, dijo que no se sabe dónde están los ingresos propios de la UCV por concepto de pruebas internas, por lo que se cobra una unidad tributaria, y costos de los postgrados, por ejemplo.
"Las autoridades no rinden cuentas, no se hace una contraloría social en la universidad, a cuenta de la autonomía universitaria, claro, una autonomía mal entendida", sostuvo Rojas.
Denunció que hay espacios al lado de la Dirección de Deportes donde hay un estacionamiento que autoridades universitarias cerraron para uso exclusivo de algunos profesores, mientras que los estudiantes tienen que estacionarse en otro lugar, donde puedan.
Rojas señaló que dentro de la UCV lo que reina es una dictadura, ya que los estudiantes y grupos revolucionarios son amedrentados, amenazados de ser expulsados.
Mientras, en acciones como las ocurridas este martes, cuando un grupo desestabilizador de motorizados encapuchados suscitó una situación irregular en los alrededores de Plaza Venezuela y la plaza del Rectorado, donde hicieron detonaciones, lanzaron bombas tipo Molotov y prendieron fuego a unos vehículos, "se presume que estuvieron involucrados funcionarios del alcalde Mayor, Antonio Ledezma, y de la policía del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonsky, lo que se llevará a una investigación".
"Ahora, la rectora de la UCV nos acusa de estas acciones. Entonces, si ella sabe que están vinculados más bien grupos opositores, ella estaría incurriendo en complicidad de estos hechos", sostuvo Rojas.
Carlos Rojas manifestó que los estudiantes bolivarianos exigen que haya contraloría social, que se rinda cuenta a los estudiantes sobre cómo se gasta el presupuesto universitario y se evite la malversación de estos fondos.
El presidente adjunto de la escuela de Trabajo Social de la UCV, Kevin Ávila, también presente en el programa, comparte la opinión de que la marcha de este miércoles tiene un trasfondo político partidista y se hace con el argumento de la reducción del presupuesto, lo cual es contradictorio.
"Se redujo 6% al presupuesto nacional de las universidades. En dado caso, nuestra lucha es que el peso de esta medida de recorte, que corresponde a los gastos suntuarios, no recaiga sobre los estudiantes", aclaró.
Relató que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior dejó claro a las autoridades de la UCV que el recorte de 6% va dirigido a los gastos suntuarios y no para tocar conceptos como el pago seguro del salario mínimo de los trabajadores ni las providencias estudiantiles, entre otros.
"Es claro lo que el ministerio le comunicó a la rectora. Sin embargo, ella, en contra de estudiantes, le redujo el jueves pasado al comedor más de un millón de bolívares fuertes, por ejemplo", refirió.
Para Kevin Ávila, en todo caso, la pregunta que habría que hacerse es por qué si el presupuesto no alcanza las autoridades incurren en gastos suntuarios, como adquisición de vehículos lujosos, realización de brindis con licores de alto costo, el regalo de relojes de marca, etc.
Ávila destacó que dentro de la UCV hay colectivos bien organizados que hacen un buen trabajo con las comunidades, con liceos privados y sobre todo públicos, en procura de que se abran más oportunidades de estudio en esta casa, para los muchachos de sectores populares que han sido discriminados y excluidos.