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7.Ago.2009 / 05:00 am / Haga un comentario

A más de un mes del golpe de Estado en Honduras que derrocó al presidente legítimo Manuel Zelaya, detenerse sobre las declaraciones de los militares que fueron los protagonistas principales de esta interrupción democrática demuestra que la mentira puede llegar a límites que rozan lo increíble.

Aunque día a día se constaten hechos represivos por parte del régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti, la plana mayor de las fuerzas armadas mantienen un discurso de negación completa de la realidad.

Esto solo se puede sostener a través del accionar violento y de la complicidad de un grupo de medios de comunicación, que ya quedaron al descubierto en su función de tergiversar y sumarse a la mentira castrense.

Entrevistado por el diario hondureño La Tribuna, el general Romeo Vásquez Velásquez, partícipe fundamental en el golpe de Estado, negó completamente los asesinatos de seguidores del presidente Zelaya. Calificó esos hechos como "incidentes" que buscan manchar al ejército.

Para el golpista, las muertes fueron producidas "entre ellos mismos", aunque las denuncias sobre el accionar de las fuerzas represivas ya dieron la vuelta al mundo.

"Estamos en un país de leyes, es un país democrático, no hay un golpe de Estado, como dicen. Si fuera así, habría un toque de queda, todas las personas que andan haciendo relajos estarían presas", argumentó el general, obviando los toques de queda dictados para las regiones fronterizas con Nicaragua, que duraban casi 24 horas en momentos en que las manifestaciones a favor del mandatario constitucional acrecentaban.

También ignoró Vásquez Velázquez que en El Paraíso asesinaron a Pedro Muñoz con más de 40 puñaladas, y todas las acusaciones de amigos y familiares del joven de 24 años apuntan contra militares o grupos paramilitares avalados por el régimen de facto.

Esta es la tónica de las declaraciones que brindan los golpistas, donde la presencia de un discurso de falsedades y mentiras no sólo funciona para deslindar sus responsabilidades con la represión, sino que ataca directamente a la Constitución que rige hoy en día a Honduras.

Las mentiras al descubierto

Si bien los grandes medios de comunicación hondureños responde a las directivas de los golpistas -y las cadenas internacional mantienen una "prudente objetividad", salvo Telesur-, una serie de ejemplos muestran que en la nación centroamericana rige un Estado autoritario, hijo de las peores dictaduras militares que durante las década del 70 y 80 asolaron América Latina:

A finales de julio, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía, reconoció que recibió diversas denuncias por las acciones represivas aplicadas por el régimen de facto hondureño.

La titular del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró que le fueron entregadas "una innumerable cantidad de denuncias con respecto a la integridad física de las personas y a las detenciones arbitrarias que se están dando en el país".

Además de reconocer las detenciones que realizan los golpistas, Mejía expresó su preocupación por la situación "de la libertad de expresión como derecho fundamental, y también con respecto a la situación de falta de garantías que en este momento vive el país".

Desde el Frente Nacional contra el Golpe de Estado se denunció la existencia de un plan denominado Operación Tundra, para reactivar los escuadrones de la muerte por parte del régimen de facto.

Así lo reveló el coordinador de Vía Campesina, Rafael Alegría, quien agregó "que grupos paramilitares están reorganizando el Batallón 3-16 que en los años 80 practicó las desapariciones forzadas".

Para el referente social, el plan de los golpistas tiene como objetivo lanzar una guerra sucia y eliminar a dirigentes populares.

El pasado 4 de agosto, Radio Globo de Tegucigalpa reveló que corre el riesgo de ser silenciada, ya que fue acusada de "sedición" por parte de un auditor militar.

La justificación de los golpistas es que el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón, hizo desde la emisora un llamado a la insurrección, aunque en el artículo 3 de la Constitución vigente en el país se estipula el derecho a rebelarse frente a un golpe de Estado.

El gobierno de facto restringe la libertad de prensa para silenciar a los críticos del golpe de Estado. Así lo denunció el relator de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Franck LaRue.

Para el funcionario internacional, el régimen encabezado por Micheletti "es un gobierno dictatorial, un gobierno de facto que está cerrando los espacios a la democracia".

LaRue indicó que desde el golpe fueron cerrados temporalmente el Canal 36, Radio Globo y Radio Progreso, y que algunos periodistas fueron agredidos con el propósito de "de que no se documenten los actos" cometidos por los uniformados.

Desde Washington, la agrupación Hondureños por la Democracia (HD) publicó en su página web una investigación donde demuestran que un consorcio de empresas hondureñas contrataron los servicios de tres firmas lobbistas estadounidenses con el objetivo de lograr apoyo del gobierno de Barack Obama para el golpe de Estado.

El documento fue elaborado por información oficial del Senado de EEUU, donde se explica que el diario La Prensa, el Banco Ficohsa y la Asociación Hondureña de Maquiladores son los principales financistas de una campaña en EEUU para "consolidar la transición democrática en su país", "informar de los hechos relacionados con la remoción del señor (Manuel) Zelaya" y tratar temas como "las relaciones entre Estados Unidos y Honduras".

Las firmas para el lobby fueron Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Vision Americas y Cormac Group, a quienes los empresarios hondureños les habrían pagado alrededor de 28.000 dólares para manejar sus influencias en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores.

HD a su vez dio a conocer que el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), capítulo Honduras, fue una de las entidades que sirvió de enlace para concertar el trabajo con los lobbistas.

El 5 de agosto, las fuerzas represivas desalojaron de forma violenta a miles de estudiantes que se manifestaban en Tegucigalpa para exigir el regreso de Zelaya. Cuando se encontraban frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas y chorros de agua desde una tanqueta, razón por la cual los manifestantes se refugiaron en la Ciudad Universitaria hasta donde fueron perseguidos y golpeados por la policía.

La rectora de la UNAH, Julieta Castellano, que intentó intervenir para calmar los ánimos, fue golpeada por los uniformados que la lanzaron al suelo, lo mismo que otros directivos universitarios y el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón.

"Nosotros salimos con las manos en alto con la rectora, figura emblemática de la Universidad, y nos atacaron a toletazos (garrotazos) y nos tiraron al suelo, ni en la peor época de la represión del sanguinario general Gustavo Alvarez Martínez, en los años 80, se violó la autonomía de la Universidad como ahora", declaró el presidente de la Junta de Dirección Universitaria, Olvin Rodríguez.

Una misión internacional independiente constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras, según un informe preliminar presentado este miércoles.

El integrante del grupo que visitó el país centroamericano, Leo Gabriel, calificó como escalofriante ver como los principales jefes policiales como Salomón de Jesús, René Madariaga, entre otros, eran conocidos miembros del batallón 3-16 que funcionó como escuadrón de la muerte en la década del 80.

También indicó que Billy Joya, asesor de seguridad de los golpistas, fue enlace directo entre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y los escuadrones de la muerte de esa época. Sumado a esto, Gabriel explicó que podría existir un probable involucramiento de grupos de contrarrevolucionarios cubanos como Alfa-66 y Omega-7.

En un informe confeccionado por el grupo de análisis Los Necios, se cita a la investigadora de la Universidad Nacional de Honduras, Leticia Salomón, quien afirma que 10 de las familias más poderosas del país financiaron el golpe militar.

La catedrática señaló como responsables al empresario Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras entre 1988 y 2002, y dueño del periódico La Tribuna. Salomón aseveró que otros empresarios comprometidos con el régimen de facto son Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes el Grupo Continental, el emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como el matutino El Tiempo y Canal 11 de la televisión.

José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el constructor Rafael Flores, también fueron denunciados como cómplices.

La investigadora a su vez apuntó que un personaje fundamental en la conspiración contra el gobierno de Zelaya fue el magnate Miguel Facussé, que en la actualidad monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10 por ciento de su valor real.

La titular de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, Nora Cortiñas, denunció la dura represión del régimen de facto de Honduras. Al regresar de Tegucigalpa después de un recorrido por esa ciudad y otros puntos del territorio, dijo que observó una total y sistemática violación de los derechos humanos de toda la población y muy especialmente de quienes enfrentan a los golpistas.

Como miembro de la Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento a Honduras, que integraron 16 países, Cortiñas denunció que en la zonas cercanas a la frontera con Nicaragua, las personas que esperan el regreso de Zelaya son aislados y privados de agua y alimentos.

¿Acaso estas denuncias y voces, tanto hondureñas como extranjeras, son desconocidas para los militares golpistas es poco probable, como también es algo remoto que el régimen de facto en Honduras utilice la Constitución del país y las leyes vigentes para aplicar su política, ya que éste se rige en el autoritarismo llano, en la represión permanente y en la falta de respeto a decisiones internacionales que desde los cuatro puntos cardinales rechazan este nuevo experimento para que Latinoamérica retroceda a sus años más oscuros.

Fuente: ABN

 

 

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