Aurelio Gil Beroes. – En diciembre del año 2002, la alianza opositora al presidente Chávez, orientada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, se jugó una de sus cartas más duras para derrocar al Gobierno: romper el espinazo económico de Venezuela, paralizando su industria petrolera.

Para ese tiempo, ya habían sido puestas en marcha 4 de las siete iniciativas que la oposición había previsto poner en práctica para desestabilizar y deponer al Gobierno bolivariano:

1.Primer paro empresarial del 10 de diciembre de 2001, que debió durar 24 horas.

2.Segundo paro patronal del 9 de abril de 2002, que se convirtió en un paro indefinido y subversivo.

3.El golpe de Estado contra el presidente Chávez, del 11 de abril de ese mismo año.

4.Y los hechos de Plaza Altamira, al este de Caracas, dos meses después. Un alzamiento sin armas de militares activos y retirados, partícipes del golpe de abril, que se prolongaría hasta el fin del año.

Los miembros de la Alianza

La alianza opositora estaba integrada por el ala más retrógrada y conservadora del empresariado nacional, reunido en la Federación de cámaras y asociaciones empresariales (Fedecámaras); sus eternos socios de la moribunda Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la nómina mayor y buena parte de la gerencia media de PDVSA.

Otros integrantes fueron (y aún lo son): la cúpula de la iglesia católica venezolana, la organización política SUMATE, financiada por el gobierno de Estados Unidos; la llamada Coordinadora Democrática, integrada por los desechos y restos de partidos políticos de derecha, de la cuarta república, y los medios de comunicación de la oligarquía sirviendo de irrefrenables voceros.

Los antecedentes

Los antecedentes del golpe de Estado contra el presidente Chávez, el 11 de abril de 2002 y el posterior paro petrolero de diciembre del mismo año, hay que ubicarlos en noviembre del año 2000, cuando la Asamblea Nacional habilita al primer mandatario para presentar un conjunto de leyes.

A mediados del 2001, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional un paquete de 49 leyes, que concitaron el inmediato rechazo de la oligarquía y sus representantes políticos y económicos.

Las más polémicas fueron: la Ley de tierras y desarrollo agrario, que plantea la eliminación del latifundio y el reparto de tierras para los campesinos.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos, que ubicaba en 30% los tributos de las transnacionales por las actividades extractoras y en 51%, como mínimo, la participación del Estado en las sociedades mixtas con transnacionales.

Y la Ley de pesca, que eliminaba la pesca de arrastre, en un área de seis millas marinas, desde la costa, beneficiando de esta forma a los pescadores artesanales.

El sector empresarial calificó estas leyes de inconstitucionales y tildó al presidente Chávez de antidemocrático.

Este fue el origen del primer paro empresarial contra el Gobierno, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2001.

Deslastre

La controversia y la negativa del presidente Chávez de dar marcha atrás en materia legislativa, provocó la salida del Gobierno de quien hasta entonces era considerado como hombre fuerte en el gobierno: Luis Miquilena, quien abogaba por ceder ante las presiones del empresariado.

El paro petrolero

El 2 de diciembre de 2002, Fedecámaras y sus socios de la CTV inician un paro de 24 horas, que se extendería todo el mes de diciembre.

A este paro, el tercero, desde diciembre de 2001, se sumarían la nómina mayor de PDVSA, la gerencia media y miles de empleados inducidos por esta.

El país estaba prácticamente paralizado, sólo mantenían su actividad las empresas básicas de Guayana, el transporte público, las líneas aéreas, y los servicios de agua, luz y teléfono.
El cinco de diciembre, la tripulación del tanquero "Pilín León" se sumó al paro y fondeó el buque en el canal de navegación del Lago de Maracaibo, para impedir el paso de otros navíos.

La acción fue imitada por otros buques transportistas de hidrocarburos, mientras empleados de PDVSA cometían sabotajes contra equipos y servicios tecnológicos, e intervenían servicios automatizados que garantizaban el suministro de crudo y sus derivados.

Durante varios días, la oposición se adueño de las calles, bloqueando autopistas y avenidas en Caracas y otras ciudades, y caceroleaba por las noches, en las urbanizaciones de clase media y clase media alta.

Las bombas de gasolina se quedaron sin combustible y no se distribuía el gas para cocinar, razón por la cual en las barriadas populares la gente comenzó a utilizar la madera de sus mobiliarios producir fuego y preparar alimentos.

Los muertos de Plaza Altamira

En una acción destinada a exasperar los ánimos y provocar una reacción armada contra el Gobierno, el 6 de diciembre, un hombre identificado como Joao Gouveia, la emprendió a tiros con una pistola contra la muchedumbre presente en Plaza Altamira, causando la muerte de tres personas y heridas a muchas otras.

El hecho de que los cuatro canales de televisión privados se dedicaran toda la noche a presentar las repulsivas imágenes del atentado, y los gritos de los presentes responsabilizando al Gobierno por lo sucedido, indica que el objetivo era provocar la reacción del pueblo contra el Ejecutivo.

Por estos acontecimientos, el pueblo que respalda al presidente Chávez, rodeó a las sedes de los cuatro canales, exigiendo el cese de esa línea de agitación informativa.

La firmeza del Gobierno da frutos

El Gobierno no intervino en Plaza Altamira; dejó quietos a sus protagonistas, al tiempo que procuraba alternativas al suministro de gasolina venezolana.

Con el paso de los días, el paro fue perdiendo fuerza, el pueblo soportó estoicamente el castigo que le impuso la contrarrevolución, para obligarlo a lanzarse a la calle en contra del Gobierno.

Se quiebra la contrarrevolución

El 21 de diciembre el Gobierno recupera el "Pilín León" y a los pocos días, al mando de una tripulación patriota, comienza tarea de cabotaje de combustible entre las refinerías.

Los otros buques en rebeldía claudicaron progresivamente los días siguientes y ya, a principios de enero de 2003, el Gobierno comienza la recuperación de PDVSA, con el apoyo de los trabajadores y empleados que no se plegaron al paro.

Los empresarios y comerciantes, por su cuenta y desobedeciendo a los órganos gremiales, volvieron a sus labores, aunque con las cuentas en rojo por las pérdidas del mes de diciembre y la paralización de la vida económica del país.

La fuga de divisas

Poco antes de terminar el paro, y en una quinta iniciativa desestabilizadora, muchos empresarios comenzaron a sacar divisas del país, con el objeto de provocar la devaluación del bolívar.

El Gobierno actuó rápida y certeramente y decretó el control de cambios que, en adelante, administrará la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

El objetivo de la contrarrevolución de quebrar al país no pudo ser cumplido.

Las pérdidas

Son incalculables las pérdidas ocasionadas por el paro petrolero y las molestias y privaciones a las cuales fue sometido el pueblo venezolano entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.

Centenares de empresas manufactureras y comercios cerraron sus puertas definitivamente; el desempleo en el segundo trimestre de ese año se ubicó en un 23%.

El país dejo de percibir ingresos por cerca de 15 mil millones de dólares, al dejar de vender más de 3 millones de barriles de petróleo durante 60 días.

La inflación se disparó, al igual que el desempleo, y los alimentos y la gasolina escasearon afectando las actividades económicas del país en general.

Consecuencias para el Gobierno

El Gobierno del presidente Chávez salió triunfante de la crisis planteada por el paro petrolero.

La estrategia diseñada para enfrentar las dificultades fue correcta y la contrarrevolución fue derrotada en forma contundente

El primer lugar, el Gobierno logró el ansiado control total de la industria petrolera, antes en manos de la llamada "meritocracia".

De la industria fueron despedidos unos 15 mil empleados opositores que se plegaron a la huelga, que dejaron despejado el camino para decisiones organizativas y operativas.

En la industria se consolidó un amplio frente de trabajadores de todos los niveles y áreas, que respaldan el proceso revolucionario.

Adicionalmente, los militares de Plaza Altamira, perdieron fuerza y terminaron consumidos en su propia salsa.

La Coordinadora Democrática, la cúpula de la iglesia católica, Fedecámaras, la CTV, SUMATE y los medios de comunicación de la contrarrevolución, fueron derrotados por el pueblo y el Gobierno bolivariano.

Y las 49 leyes habilitantes mantuvieron su estatus y vigencia.

Estertores del fracaso

La oposición pretendió realizar un referendo no vinculante para pedir la salida del presidente Chávez, y el 2 de febrero celebró una jornada de recolección de firmas, pero no tuvo éxito porque no recogió suficientes firmas válidas y porque, de acuerdo con la Constitución, éste debía efectuarse a mediados de 2003, y este sector no estaba dispuesto a esperar tanto.

A medida que el paro económico se debilitaba, la Coordinadora Democrática llamó a un paro educativo, que fue acatado por un reducido sector de la educación privada, siendo manifiesta la poca fortuna de la convocatoria. El paro educativo también fracasó.